El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido ayer por la mañana por orden de la Cámara de Casación de la provincia, que lo dispuso en la causa en la que está condenado a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.

Urribarri fue encontrado culpable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el cargo de gobernador, pero como la condena todavía no está firme, el exmandatario no comenzará a cumplir su pena. Lo dispuesto hoy por la justicia provincial es una prisión preventiva.

Fuentes oficiales relataron que Urribarri fue detenido este mediodía en Concordia, en su casa, y que cuando le comunicaron que iban a buscarlo, “se descompensó” (tiene diabetes, informaron). Está siendo trasladado ahora, acompañado por su médico personal, a una cárcel de Paraná, en una camioneta de la Policía custodiada por un patrullero.

La orden de “detención inmediata” del exgobernador fue dispuesta esta mañana y comunicada por la presidenta de la Cámara de Casación provincial, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos, con la instrucción de que una vez detenido, Urribarri fuera “alojado” en la Unidad Penal 1.

La detención se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia entrerriana consideró probado que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.

El exgobernador -que era aliado del kirchnerismo y durante el gobierno de Alberto Fernández fue embajador en Israel- fue condenado el 7 de abril de 2022 y esa sentencia fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023. Urribarri presentó un recurso extraordinario y tiene todavía la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta su condena.

La fiscalía ya había pedido la detención del exgobernador, pero hasta ahora su planteo había sido rechazado. Esta mañana, finalmente, se ordenó la prisión preventiva “hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”.

Urribarri, no obstante, tiene la posibilidad de apelar esta prisión preventiva ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, que podría revocar lo ordenado y disponer que el exgobernador espere en libertad la definición de la Corte Suprema. También podría alegar que por su estado de salud necesita corresponda que cumpla la prisión preventiva en su casa.

El argumento central del fallo de la Casación provincial de hoy fue el peligro de fuga. La Cámara entendió que cambiaron las circunstancias porque ahora Urribarri tiene una condena confirmada. Y eso se suma a la posibilidad de escapar que le dan sus “importantes vínculos”, según el voto de la jueza Marcela Davite, al que adhirieron las otras dos juezas que firmaron el fallo de hoy, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.

Las juezas recordaron que en la causa se probó que, como “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”, Urribarri y sus coimputados actuaron “en total impunidad durante ocho años”, recurrieron a “testaferros”, “destinaron el dinero público a fines personales, se sirvieron del aparato estatal y de las facultades legales y constitucionalmente asignadas, y también de las relaciones que entablaron durante el ejercicio de la función pública”.