Según el Departamento, AmerisourceBergen, que ya acordó pagar 6.100 millones de dólares a los estados para resolver demandas de que ayudó a avivar la crisis de opioides, continuó violando su obligación de informar desde 2014 hasta el presente, incluso en algunos casos ocultando órdenes sospechosas.

Por ejemplo, alegó que AmerisourceBergen sabía que dos farmacias de los estados de Florida y Virginia Occidental estaban vendiendo medicamentos recetados a posibles adictos “en estacionamientos por dinero en efectivo”.

La compañía también vendió sin trabas tabletas de oxicodona, alega la demanda, a una farmacia de Colorado, sabiendo que el sitio estaba suministrando drogas a once personas que identificó como posibles adictos, dos de las cuales murieron más tarde por sobredosis.

La fiscal general adjunta, Vanita Gupta, también aseguró que cuando la compañía notó compras altamente sospechosas en una farmacia de Nueva Jersey (este) terminó su relación directa, pero luego hizo arreglos para que un tercero apoderado manejara las ventas a la farmacia.

“En medio de una catastrófica epidemia de opioides, AmerisourceBergen supuestamente alteró sus sistemas internos de una manera que redujo la cantidad de pedidos que se sindicarían como sospechosos”, dijo Gupta.

“En resumen, la denuncia del gobierno alega que, durante años, AmerisourceBergen priorizó las ganancias sobre sus obligaciones legales y sobre el bienestar de los estadounidenses”, subrayó.

En una declaración detallada, AmerisourceBergen sostuvo que en cada uno de los cinco casos qudemanda a importante farmacéutica por distribución de opioidese especificó el Departamento de Justicia, había tomado las medidas de información requeridas y culpó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos por manejar mal los casos.