Por requerimiento de la Unidad de Investigación en Delitos contra la Integridad Sexual de Concepción, se realizó este jueves 8 de julio una audiencia para solicitar la prórroga de la prisión preventiva contra dos de los cinco acusados de los abusos sufridos por la adolescente el año pasado. Durante la misma, el fiscal Héctor Fabián Assad, que dirige la investigación, requirió la extensión de la medida coercitiva por 120 días en función del riesgo procesal. La medida fue otorgada por el juez actuante hasta la celebración del juicio. Ambos están imputados por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado, por ser cometido por dos o más personas, luego de que la menor los señalara por haberla violado en un descampado y se encuentran privados de la libertad desde principios de este año. El padre de la víctima, que habría participado de ese episodio, también se encuentra acusado en otro hecho anterior donde abusó de ella y por el cual se encuentra detenido.

Una causa compleja

El caso salió a la luz en el mes de noviembre de 2020 cuando desde la escuela de la niña se comunicaron con la fiscalía interviniente. La institución educativa había acudido al Servicio de Asistencia Social Escolar (SASE) del Ministerio de Educación de la provincia, tras el llamado recibido por una maestra de parte de la madre de una compañera, que alertó a la docente de que la menor podría estar embarazada. Luego de esa comunicación, desde el SASE se pusieron en contacto con las autoridades sanitarias y desde el CAPS de la zona enviaron un equipo médico al domicilio de la nena donde los agentes manifestaron que iban a hacer un control médico de rutina y la revisaron. Durante esa entrevista la madre confesó que su hija estaba embarazada y que no había hecho ninguna denuncia porque según ella no tenía conocimientos de quién podría ser el responsable. Durante la primera etapa de la investigación, el MPF imputó al padre y a uno de los primos y luego a otros tres familiares más, dos de los cuales fueron sobreseídos por ser menores.

Las evidencias

Antes de que la víctima se sometiera a la interrupción del embarazo, el fiscal Assad, solicitó una muestra de ADN sobre el feto que se cotejó con muestras extraídas a todos los acusados.

Los resultados de esa prueba, procesados en el laboratorio de genética del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), indicaron que el sujeto que la había embarazado era uno de sus familiares, de 15 años de edad. La causa también contó como prueba clave el testimonio de la menor en Cámara Gesell, donde la víctima pudo relatar los hechos y nombrar a los involucrados.

Hechos aberrantes

El primer acto de abuso se le atribuye al padre de la víctima y ocurrió en fecha no precisada en el mes de febrero de 2020, en la casa del progenitor donde la violó. La menor dijo que luego del primer hecho ocurrieron otros más en varias oportunidades.

El otro episodio fue cometido también durante el 2020. Si bien no se pudo precisar la fecha, en su relato la menor fue atacada por los cinco familiares.