El domingo se llevó a cabo la audiencia multipropósito contra los cuatro sujetos que intentaron secuestrar en la madrugada del domingo a un taxista, cuando se movilizaba a bordo de un Renault modelo Logan por calle Necochea al 800, circunstancia en la que fue interceptado por los individuos, quienes lo hacían en una camioneta Ford Ecosport y un automóvil Chevrolet Onix, respectivamente.

Durante la audiencia, el fiscal Ernesto Salas López relató los hechos en los cuales están involucrados tres efectivos, el policía federal Gonzalo Gabriel Lagoria, de 32 años, y los policías provinciales Luciano Ramón Campos, y Jonathan Gabriel Díaz, ambos de 27 años. En tanto, el cuarto sujeto que participó del hecho delictivo fue Ángel Luis Medina, de 33 años de edad, quien se desempeña como comerciante gastronómico.

Secuestro extorsivo

La calificación legal provisoria, en calidad de coautores, es por el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas y por ser los agentes miembros de la fuerza de seguridad (artículo 170, inciso 5 y 6; artículo 158 y 161 del Código Procesal Penal de Tucumán). El Fiscal pidió las medidas privativas de libertad de mayor intensidad, por el plazo de 6 meses, debido a la profesión que estos ocupan, sobre todo los policías, y los riesgos procesales. La jueza dio lugar al pedido, parcialmente, otorgándola por el término de 3 meses.

“Se trata de un grupo organizado y violento que abandonaron sus funciones (debían estar prestando servicios este día y otro permanecer aislado por Covid-19 y por el cual estaba de licencia). La figura penal es por el agravante cuyo máximo de pena es 25 años. Han mostrado una contradicción con el servicio por el cual la sociedad les paga”, afirmó el Fiscal durante su exposición. “Lo hicieron para obtener un rescate, para conseguir un desplazamiento patrimonial a partir de esta privación ilegal de la libertad. Conseguir a través de la víctima, una disposición de dinero de otra persona (no identificada)”, agregó.

Se negaron a declarar

Seguidamente, los imputados se negaron a declarar, solo lo hicieron para respaldar el pedido de sus respectivas defensas cuando pidieron que se disponga, para ellos, la prisión domiciliaria fundado en el contacto estrecho por Covid-19. Entre los antecedentes, el policía federal tenía otras causas por violencia de género y por el cual se le había retirado el arma reglamentaria y prestaba servicios en la alcaldía del fuero federal.

Finalmente, la jueza Carmen Rosa López en su resolución declaró la incompetencia de los tribunales ordinarios para entender en la causa y girar el legajo, con sus respectivas actuaciones, al fuero federal donde también se ahondará la investigación sobre el posible tráfico de estupefacientes.

En tanto los individuos permanecerán con prisión preventiva en su actual lugar de detención, hasta tanto se establezcan las condiciones sanitarias por Covid-19.