La Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale, convocó a una audiencia para este miércoles al mediodía con el objetivo de legalizar la aprehensión, formular cargos y requerir medidas de coerción en contra de la joven de 18 años que apuñaló a su novio de 23, ayer martes en un domicilio de calle Junín al 200, en el microcentro de San Miguel de Tucumán. Por el Ministerio Público Fiscal (MPF) participó en esta ocasión la auxiliar de fiscal, Luz Becerra.

Con respecto a la teoría del caso, la investigadora señaló que, alrededor de las 00:40 de la madrugada, en el interior del domicilio, en un tercer piso, se encontraban discutiendo un joven y su novia. Ella, con intenciones de provocar un daño en el cuerpo y en la salud de su pareja, le dio una puñalada con un arma blanca en la pierna izquierda, en la zona de la ingle, provocándole una lesión con sangrado profuso de 3 cm. aproximadamente que puso en riesgo su vida, requiriendo intervención quirúrgica vascular urgente.

Becerra remarcó que, provisoriamente, se le atribuyó a la acusada la conducta penal enmarcada en el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo, en calidad de autora.

Avance de la investigación

En cuanto a las evidencias recolectadas hasta ahora, hizo mención a las entrevistas tomadas a dos hermanos y un primo de la víctima (testigos presenciales), y a la intervención en el lugar del hecho del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que procedió al secuestro de prendas de vestir; hallazgo de varias manchas de sangres en distintos sectores de la propiedad; y secuestro de dos cuchillos (de 21 y 23 cm.) con manchas pardo rojizas, y de un machete de 56 cm.

En cuanto a la solicitud de medidas de coerción, Becerra manifestó: “Entendemos que no es necesaria la medida de mayor intensidad (prisión preventiva), pero sí el arresto domiciliario para resguardar la investigación. Tenemos testigos y la víctima también tiene que declarar, por lo tanto, es necesario que se neutralice el riesgo de un posible intento de influencia de la imputada. Entendemos que el plazo de dos meses (hasta el 11 de noviembre) es un plazo proporcionado y suficiente para poder avanzar con la investigación, determinar en definitiva cuál sería la calificación y ver si es necesario continuar con esta medida o si existe la posibilidad de arribar a una solución alternativa”.

Al finalizar, la jueza interviniente hizo lugar a todo el requerimiento de la Fiscalía y ordenó el traslado de la joven al domicilio de un abuelo, con control mediante rondas policiales y posterior colocación de un dispositivo GPS./MPF