La Legislatura provincial, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, llevó a cabo ayer jueves una Sesión Especial Ordinaria con la asistencia de 33 legisladores.
El dato más importante se dio cuando se abordó un dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que establece la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), previsto en el Título VII de la Ley Nacional N° 27.742, junto con la derogación de la Ley Provincial N° 7879. El dictamen fue sancionado por unanimidad, aunque con algunas modificaciones en su articulado.
En el artículo 167 de la norma nacional se consigna que el RIGI resultará aplicable a las grandes inversiones en proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, minería, infraestructura, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos previstos. En ese sentido, en el proyecto tucumano se consignó que en la provincia existen pedidos de explotación minera en diferentes zonas, pero que están sin avances debido a la ley que prohíbe la actividad minera metalífera en Tucumán en la modalidad a cielo abierto, así como la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de producción.
En los argumentos del proyecto el PE puso énfasis en que la minería asumió compromisos ambientales en los 90 y logró avances importantes en la materia. A su vez, señaló que el cianuro, que motivó el dictado de la Ley 7.879, no se utiliza en la etapa de explotación minera, sino durante el proceso de separación del mineral. Se remarcó que dicho procedimiento se encuentra regulado por leyes nacionales y normativas internacionales de control ambiental. Pero esta Ley no fue derogada lo que implica que se mantiene la prohibición a la Megamineria.
Otros proyectos aprobados
También se destaca la modificación de la Ley N° 9763 en su artículo 6, que exceptúa a jueces de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, tribunales inferiores, el Ministerio Público Fiscal, fiscales, defensores y vocales del Tribunal de Cuentas de la prohibición de desempeñar más de un cargo público remunerado en el Estado Provincial.
Además, se sancionaron dos iniciativas de interés social y educativo: la creación de un Programa de Concientización sobre la Donación de Médula Ósea, estableciendo el 1 de abril como el Día Provincial del Donante de Médula Ósea, y la imposición del nombre “General Bernabé Aráoz” al Instituto Superior de la ciudad de Monteros.
En cuanto a la gestión de bienes públicos, se aprobaron las donaciones de inmuebles en las localidades de La Tipa (Río Chico) y San Pedro de Colalao (Trancas), destinados a la construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y un Nodo de Salud, respectivamente.
Por último, se dio luz verde a la modificación de la Ley N° 9312, que declara de interés público provincial la producción sustentable de azúcar y alcohol derivados de la caña de azúcar. También se aprobó la creación del Programa de Impulso y Fomento para empresas de base tecnológica, que será gestionado por el IDEP, y el lanzamiento de un portal web que permitirá a los ciudadanos de la provincia presentar propuestas de proyectos de ley, resoluciones y declaraciones ante la Legislatura.
