Ayer martes 1° de octubre se realizó (vía plataforma de videoconferencias Zoom) la audiencia de formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de María del Carmen Reuter, quien fue representada por el auxiliar de fiscal Rodrigo Gustavo Bilbao.

Durante la misma, la UFI detalló la acusación contra Juan Zamora, titular de la finca en cuestión ni (actualmente se encuentra en Roma, Italia), solicitando como medidas de coerción la fijación de una caución por $100.000.000 y que ponga a disposición ante la UFI su pasaporte en un plazo de 10 días, ante los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El auxiliar de fiscal Bilbao destacó que, a los fines de la Ley, “el agua es un elemento de uso común, escaso, finito y esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente. Constituye un recurso cíclicamente renovable y vulnerable, por lo que será premisa básica garantizar su aprovechamiento racional, eficiente y equitativo, fomentando el desarrollo sustentable y procurando no alterar su calidad ni el equilibrio del medio ambiente, teniendo en cuenta el beneficio de las generaciones actuales y futuras”.

El juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente a lo solicitado por el MPF, y en consecuencia imponer al acusado las medidas de coerción de promesa de someterse al procedimiento, la obligación de mantener un domicilio, la obligación de permanecer a disposición del tribunal y de someterse al proceso, concurrir mensualmente a la comisaría más cercana a su domicilio hasta el día 10 de cada mes y la prohibición de salir del país sin autorización por el plazo de seis meses; además de la prestación de una caución por $100.000.000.

La acusación
En mayo de 2023, Juan Zamora, mediante el uso de mano de obra especializada, rompió el acueducto central, principal fuente de abastecimiento de agua para la reserva Lomas de Imbaud, cuya concesión pertenece a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), realizando una conexión clandestina que consiste en desviar parte del caudal de agua potable, direccionándola mediante caños para abastecer una laguna artificial de su propiedad, entorpeciendo el normal funcionamiento del servicio público de provisión de agua potable y el abastecimiento en la localidad de Yerba Buena, ocasionando un perjuicio a miles de usuarios.