El Gobierno habilitará a las universidades a que le cobren aranceles a extranjeros no residentes. En los próximos días, el presidente Javier Milei reglamentará el capítulo de educación relegado de la Ley Bases, que además fija diferentes criterios para distribuir recursos a todas las casas de altos estudios del país, observando la relación entre cantidad de alumnos y graduados.

Ocurre en plena tensión y pelea del Ejecutivo con la oposición por el financiamiento universitario y luego del veto de Milei.

Según pudo saber LA NACION de altísimas fuentes oficiales, la reglamentación está lista. En los próximos días será oficializado a través de la cartera que conduce el ministro Federico Sturzenegger. “Dependerá del timing de la Casa Rosada. Teóricamente las condiciones ya están dadas para que se envíe”, repiten funcionarios cercanos al secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Las dudas de su oficialización giran en torno a la polémica desatada por el reciente veto presidencial. Hay quienes sostienen dentro del ministerio de Educación que la reglamentación del proyecto se dará luego del debate parlamentario en Diputados, previsto para este miércoles 9 de octubre.

Se trata del capítulo de educación que formaba parte de la primera Ley de Bases, desestimada en enero, y que luego fue recortado por el Ejecutivo. Lo que plantea la iniciativa que reglamentará el Gobierno en uno de sus artículos es justamente habilitar a las universidades a que les cobren a sus estudiantes extranjeros no residentes.

Una vez reglamentado el proyecto serán las mismas casas de altos estudios las que deberán decidir si cobrarán o no a los extranjeros. Hasta el momento, esa posibilidad está prohibida en el país. Asimismo, la normativa modificará los criterios para distribuir los recursos presupuestarios en relación a la cantidad de alumnos que asisten a las universidades y sus egresos. Otro de los puntos que incluirá será “la evaluación de los docentes secundarios y del sistema educativo”, según detallan fuentes de la cartera que conduce Torrendell.

Si bien desde algunos sectores universitarios remarcaron que los principales lineamientos de la iniciativa no revisten a priori un foco de confrontación a futuro con el Ejecutivo, aclararon que no fueron notificados sobre la normativa. Eso sí, hay quienes advierten que de haber algún punto controversial podría darse un escenario similar al ocurrido cuando el Congreso rechazó el DNU de Milei, que aumentó los gastos reservados a la SIDE. Desde la UBA, en tanto, se vieron sorprendidos por la medida al recalcar que la universidad no acepta extranjeros que no sean residentes del país. En otras palabras, para poder cursar en la universidad necesitan DNI argentino.

Malestar y sorpresa en la UBA

“No hubo ninguna convocatoria. Desde que asumió el Gobierno, a la UBA no la llamaron para discutir nada”, apuntó su vicerrector, Emiliano Yacobitti, luego de la masiva marcha que, según el cálculo realizado por LA NACION, convocó a más de 270.000 personas hasta el Congreso de la Nación para reclamar el freno del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y lograr una ampliación del presupuesto para 2025.

“Si vos lo que hacés es recortar fuertemente el presupuesto en las universidades, como tiene pensado Milei para 2025, con un presupuesto anual de 3,8 billones, que representa al 0,43% del PBI, es decir la mitad de lo destinado este año, partiendo de esa base, no vas a poder hacer ninguna reforma”, cerró el dirigente radical, quien en las últimas horas protagonizó un fuerte cruce con el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, por el financiamiento.

Sin embargo, el decreto que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado prepara para los próximos días prácticamente no contó con la autoría de Álvarez sino que fue delineado por el ministro Carlos Torrendell. El subsecretario de políticas universitarias, en cambio, se prepara para los próximos embates del conflicto por el financiamiento universitaria. El lunes, se llevará adelante una “comisión técnica” que se propondrá evaluar si existe, o no, un desfasaje entre el porcentaje del salario docente ofrecido por el Gobierno, en el orden del 6,8%, y el sueldo de los estatales.

Según apuntan desde los gremios docentes, uno de los motivos por los cuales no aceptaron la oferta del Gobierno, lo que dio por terminada la reunión paritaria convocada la semana pasada, fue que la cifra ofrecida no los equipara con los estatales. Más precisamente, señalan que se encuentran un 20% por debajo de los empleados que integran el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). Pero el frente político más importante que desafía al oficialismo se dará probablemente la semana entrante en el Congreso, luego que un amplio sector de la oposición dialoguista y el kirchnerismo reclamara una sesión especial en la Cámara de Diputados, prevista para el próximo miércoles 9, a las 11, en la que parte de la oposición intentará defender la ley de financiamiento universitario vetada esta madrugada por el presidente Javier Milei.