El incremento de la litigiosidad laboral en las empresas genera alarma entre los empresarios industriales. Y es que, luego de la reforma que se aplico a la Ley de Riesgos del Trabajo de 2017 parecía que la tendencia a que los empleados entablaran juicios contra sus empleadores iba a disminuir. De hecho, se logró por un tiempo frenar lo que el sector denomina como “industria del juicio”, pero luego de un período de relativa calma, regresó.

Tras su última reunión quincenal, la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió sobre el crecimiento de la litigiosidad relacionada con accidentes laborales y pidió generar cuerpos médicos forenses provinciales.

La UIA señala : “El departamento de Política Social presentó los indicadores sobre el aumento de la judicialización y su impacto en el sector productivo en hechos relacionados con accidentes laborales. Al respecto, se destacó que, en agosto de este año, se notificó a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ARTs) las existencia de unos 13.750 juicios, mientras que el stock acumulado de nuevos juicios en 2024 alcanza los 81.709″.

El reclamo de los empresarios es que las provincias terminen de adherir completamente a la última modificación de la ley que se hizo durante la anterior administración de Mauricio Macri, en 2017. Hasta ese momento, la cantidad de juicios era de unos 120.000 al año. Entre otros puntos, se pidió a las provincias que las legislaturas provinciales que emitieran sus propias leyes de adhesión a la normativa nacional.

Eso es porque el fuero laboral es de jurisdicción de las provincias, de manera que, por más que una ley nacional establezca ciertas cuestiones en materia de trabajo, siempre se requiere que los estados subnacionales las adopten. Al principio, por caso, la mayor cantidad de juicios se iniciaban en provincias que todavía no habían adoptado como propias las leyes nacionales.

La modificación introdujo mejoras en los importes que tienen que abonar las ART en casos de accidentes o enfermedades laborales, además de establecer una tabla de enfermedades y de valor por daño sufrido por un empleado. El cambio, no cerró la vía judicial para los casos en los que el empleado no esté de acuerdo con lo que le ofrece la compañía de seguro.

Pero en todas las provincias, menos Mendoza, todavía no se constituyeron cuerpos forenses que asistan a los jueces en caso que el reclamo de un empleado pase a esa instancia. Esos técnicos tienen que determinar el grado de invalidez que le produjo un accidente a un trabajador y el juez determinar el daño.

Los jueces convocan a peritos ad hoc y luego se determinan indemnizaciones muy por encima de lo que ofrecen las ARTs. No se usan los criterios de la ley para establecer grados de daño, ni el correspondiente resarcimiento, lo que genera un incentivo a litigar. El detalle de lo que se quejan las empresas es que los peritos no cobran una cifra fija por su tarea sino un porcentaje del fallo, lo que a su vez genera el incentivo de estos a sobre estimar grados de daño. En Mendoza, los forenses cobran un importe fijo por su tarea y de manera inmediata, sin esperar a que concluya un proceso que puede durar años.