Argentina anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos para apelar un fallo adverso que habilita a un grupo de acreedores a embargar activos soberanos por un monto estimado en 310 millones de dólares. Estos activos, depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Nueva York, están asociados a los bonos Brady, emitidos en la década de 1990 y vencidos en marzo de 2023.

La decisión surge luego de que la jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, ratificó en agosto un dictamen previo de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Este fallo permite a los acreedores embargar títulos del Tesoro de los Estados Unidos que estaban en garantía de los bonos Brady, deuda que Argentina refinanció en los años 90 bajo un plan impulsado por el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady.

“Argentina vuelve a la Corte Suprema de los EEUU por primera vez desde 2018. En este caso, busca evitar el embargo de USD 310 millones en colateral de los bonos Brady que se encuentran en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York”, detalló en X Sebastián Maril, de Latin Advisors.

“El caso Attestor está relacionado con holdouts que aún no han cobrado la sentencia y acudieron a su derecho de embargar activos soberanos para cobrar, en conjunto, USD 450 millones aprox. Anuncio realizado la semana pasada; presentación de revisión el jueves 19 de diciembre”, agregó en experto en litigios internacionales.

Según detallo Maril a Infobae, se trata de un grupo de cinco o seis fondos, holdouts, que aún no cobraron una vieja la sentencia del juez Thomas Griesa. Como Argentina no pagó, en conjunto tienen 450 millones de dólares en demandas y en sentencias firmes. Habían pedido el embargo del colateral de los bonos Brady que Argentina aún tiene en la Reserva Federal de Nueva York, USD 250 millones; y en Basilea, unos 58 millones de euros.

“Los bonos Brady vencieron el 31 de marzo del 2023. La jueza Preska había autorizado el embargo de esos colaterales en el 2022. Argentina apeló y perdió la apelación; y ahora busca que la Corte Suprema falle a favor del país. Para variar, metemos la pata y seguimos haciéndolo, cada vez profundo. Más barato y sencillo sería pagar”, explicó.

La defensa argentina sostiene que estos activos son propiedad del Banco Central de la República Argentina y no del Estado, lo que los eximiría de ser utilizados para el pago de deudas soberanas, según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de los Estados Unidos. Además, argumenta que los títulos en cuestión no pueden ser considerados como parte de una actividad comercial, otro elemento que, de acuerdo con la legislación internacional, debería garantizar su inmunidad frente a embargos.

La jueza Preska, sin embargo, rechazó estos argumentos. En su fallo de agosto de 2022, ratificado este año por la Corte de Apelaciones, sostuvo que los derechos de reversión asociados a los bonos Brady pertenecen al Estado argentino, no al BCRA. Además, argumentó que estos activos se utilizaron previamente en actividades comerciales, invalidando el reclamo de inmunidad.

“La Argentina ha utilizado los derechos de reversión en al menos dos oportunidades previas. Aunque el país afirma que no existió un uso comercial, esta afirmación carece de fundamento”, expresó la jueza en su fallo.

Brady
El 10 de marzo de 1989, Nicholas Brady, secretario del Tesoro de EEUU, lanzó una iniciativa para rescatar a los países emergentes del default de la década del 80, cuyos acreedores eran los bancos comerciales y pasaron a ser cientos de miles de bonistas en todo el mundo. La Argentina se sumó a este plan el 6 de diciembre de 1992 y cuatro meses más tarde se realizó el canje de la deuda bancaria por los nuevos títulos de deuda pública.

“O entra en default o paga con reservas del Banco Central. Los problemas hay que solucionarlos: ni Macri ni Alberto los terminaron de solucionar y por eso crecen, como crecen los intereses por las deudas impagas”, sostuvo el experto.

Se trata de deuda que entró en default a fines del 2001 con la cesación de pagos declarada por el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá en la explosión de la convertibilidad y que no fue reestructurada en los canjes del 2005 y 2010. Tampoco aceptaron el acuerdo del 2016 formulado por Macri ni el canje del 2020 llevado adelante por este gobierno.