Por pedido de la Fiscalía, ayer viernes 14 de febrero se desarrolló una audiencia multipropósito donde se formalizó la investigación, se formularon cargos y se solicitaron medidas cautelares contra un joven acusado de formar parte de una banda delictiva dedicada al “escruche” (robo en una vivienda después de haber forzado los accesos a la misma y generalmente en ausencia de los propietarios).

En la causa intervino la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, encabezada por Diego Hevia, quien dispuso la aprehensión del imputado luego de que, durante un allanamiento en su casa, se encontrara un automóvil que había sido identificado como el que usaron en el robo al domicilio de un hombre, el pasado 9 de enero.

En esta ocasión, la auxiliar de fiscal, Natalia Carabajal, le enrostró ser coautor penalmente responsable del delito calificado como robo doblemente agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda.

La acusación asegura que, a las 17:00 horas del mencionado día, el imputado junto a otros tres sujetos aún no identificados, quienes se trasladaban en un Renault Megane II G. Tour, forzaron el portón corredizo del garaje del inmueble ubicado en calles Pisarello y Lázaro Barbieri (altura 9 de julio al 4100, capital).

Una vez adentro, rompieron con un elemento tipo barreta una puerta de acceso a la casa, por donde ingresaron y se apoderaron de 2.500 dólares, una bicicleta rodado 29, una PlayStation 4, un par de zapatillas y varias prendas de vestir.

Luego, tres de los delincuentes se dieron a la fuga en el auto y otro se fue en la bicicleta de la víctima. “Resta identificar a tres consortes de causa. El imputado, en libertad, podría favorecer a sus cómplices para que continúen evadidos de la acción de la justicia. Considero que también debemos tener en cuenta que la investigación es inicial y restan evidencias fundamentales por producir, como ser el informe de las cámaras de seguridad y la declaración de una testigo presencial”, manifestó Carabajal.

En ese sentido, a los fines de resguardar el proceso, la funcionaria del Ministerio Fiscal requirió que se imponga la prisión preventiva por 43 días. En tanto, la jueza aceptó el plazo, pero rechazó la medida y en su lugar otorgó una de menor intensidad: el arresto domiciliario con colocación de pulsera electrónica o rondas policiales