El eje de la presentación estará puesto en la reconstrucción del camino de las municiones argentinas encontradas en un galpón de la policía boliviana y en la demostración documental de que se habría alterado el manifiesto de carga del avión Hércules que llevó a los gendarmes en 2019, para ocultar el envío del material anti tumulto.

Voceros del gobierno nacional confirmaron a Télam, además, que la Dirección General de Aduanas se constituirá como querellante en el expediente por presunto contrabando agravado que tramita ante el juzgado a cargo del magistrado Javier López Biscayart, que habilitó la feria judicial para el tratamiento de este expediente.

La ampliación de la denuncia circulaba esta tarde entre despachos del Ministerio de Justicia -el más activo en la producción del contenido-, el Ministerio de Seguridad y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezados por los firmantes de la primera denuncia (Martín Soria, Sabina Frederic y Mercedes Marcó del Pont, respectivamente).

A partir de las imágenes distribuidas por el Gobierno de Bolivia en relación a las municiones argentinas encontradas en un galpón de la policía boliviana, los denunciantes pudieron constatar que el número de lote de las municiones coincide con el de las compradas en 2018 y 2019 por la Gendarmería Nacional a Fabricaciones Militares, señalaron a Télam fuentes que trabajan en la denuncia.

El otro elemento de la presentación, será el manifiesto de carga del avión Hércules C-130 que llegó a Bolivia en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 con un grupo comando Alacrán, de la Gendarmería Nacional, sus pertrechos y la carga que se investiga bajo la figura del contrabando.

“La documentación remitida por Bolivia prueba que se mintió en relación a la carga, se ocultó el envío de las 70 mil municiones antitumulto y, oficialmente, se informó solo aquello que había sido enviado como parte del equipaje de los Alacranes”, señaló a esta agencia una de los voceros consultados.

Por ahora, la denuncia no incluirá información sobre las sospechas vinculadas a quién o quiénes fueron las personas encargadas de poner el armamento en manos de las fuerzas de seguridad boliviana, aunque, tanto en ese país, como en Argentina, las autoridades ya trabajan sobre diferentes hipótesis.

El ministro de Gobierno de Estado Plurinacional de Bolivia, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, le dijo al diario Página/12 que la persona de Argentina que entregó el armamento está identificada de manera extraoficial y que están “buscando los reportes y cámaras de seguridad” para reconstruir lo que ocurrió.

“No sabemos si era militar, policía o de la Gendarmería argentina. Era un uniformado”, indicó el funcionario boliviano en el mismo reportaje publicado hoy por el matutino.

En los despachos oficiales del Gobierno nacional ya comenzó a circular un nombre que, por sus funciones en aquellos días, podría coincidir con la descripción aportada por Del Castillo: se trata de Adolfo Héctor Caliba, una suerte de agregado de Gendarmería en Bolivia que habría estado en la recepción del avión militar procedente de Argentina.

Caliba quedó también en la mira de la Comisión Parlamentaria Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia que solicitará acceder a su legajo, porque se sospecha que se desempeñó en áreas vinculadas en inteligencia y que pudo haber participado de los movimientos preparativos del golpe acaecido en Bolivia.