Ayer viernes se llevó adelante una audiencia de prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo un policía (de 41 años), acusado por los delitos de defraudación y estafas reiteradas.

El acusado no quiso brindar el patrón de desbloqueo para la pericia al celular secuestrado durante su aprehensión. A su vez, su situación se ve agravada por la formulación de un nuevo hecho (usurpación por despojo con robo agravado.

El representante del MPF señaló que resta la pericia caligráfica y concluir con el informe final elaborado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Sospechan que estaría vinculado a una asociación ilícita (por la participación de otros, entre ellos, de un abogado).

A su vez, el Auxiliar de Fiscal Rodrigo Bilbao adelantó que la pretensión punitiva será de cumplimiento efectivo de acuerdo a la multiplicidad de víctimas y el daño millonario a resarcir (una querella estimó más de $70.000.000). Por su parte, la defensa técnica pidió el arresto domiciliario.

Al brindar unas palabras, un damnificado comentó: “Que no lo dejen en libertad es lo único que pido”.

Para concluir, el juez interviniente hizo lugar, parcialmente al pedido de la Fiscalía, por el plazo de 45 días (con vencimiento el 23 de diciembre).

Los otros antecedentes fueron algunos endilgados y sumados a la causa en la audiencia de hoy: usurpar violentamente una vivienda en Avellaneda al 200 de esta capital, robar celulares, no rendir cuentas del cobro de alquileres a 22 feriantes del Paseo Sáenz Peña y vender dos terrenos en Tafí Viejo mediante boletos de compra-venta falsos. Además, vendió como propio un bien ajeno a una de las víctimas