Miguel Eduardo Figueroa, más conocido como “Miguelón”, quien se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad de Ezeiza cumpliendo una condena por dos homicidios, fue nuevamente imputado, en este caso, por el delito de amenazas coactivas agravadas en perjuicio de distintas autoridades provinciales y judiciales.

El fiscal de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III del Ministerio Fiscal, Carlos Picón, acompañado por el auxiliar de fiscal, Benjamín Zavalía, fue el encargado de relatar los hechos. Durante la audiencia le formularon cargos a su concubina, Marcela Noemí Díaz, a raíz de las nuevas evidencias que se incorporaron luego de la formulación de cargos del domingo 23 de marzo.

Al momento de dirigir unas palabras, “Miguelón” dijo: “Yo no he amenazado al Gobernador y recién me entero que mi mujer está presa (con arresto domiciliario). Hace 18 días que estoy con huelga de hambre. Ya cometí un error; déjenme estar cerca de mi familia; no tengo poder adquisitivo ¿A quién voy a matar? Fue un malentendido. He bajado 9 kilos (en el servicio penitenciario de Ezeiza) por lo que pido que me saquen de este sistema. En Marcos Paz estaba en un pabellón de trabajadores (con régimen de prelibertad) y ahora estoy con 100 presos terroristas de otros países. Soy el único que está aquí por una causa provincial. Les pido disculpas al Gobernador, al Juez y los Fiscales, y que me perdonen sus familias. He perdido a mi hijo y no tengo ni para un abogado defensor (por el letrado privado que renunció)”.

Las medidas dispuestas

En la segunda parte de la audiencia, el fiscal Picón pidió la prisión preventiva para ambos. “No soy creyente de las coincidencias, en este caso, que un mismo 17 de marzo su abogado presentara su petición de ser trasladado a Tucumán y producía esta amenaza atroz no solo al Gobernador, no solo al Juez y a los Fiscales sino a sus familias y sus hijos. Por sobre todo, amenaza a las instituciones, lo que atenta contra el sistema democrático de gobierno, contra las instituciones y contra la división de poderes. Quisieron que estas amenazas llegaran a toda la sociedad sino porque mandar los mensajes a periodistas y después borrarlos”, relató el representante del MPF quien solicitó que el plazo de la medida más gravosa sea por seis meses.

Al referirse al comportamiento de su concubina, Picón requirió la revocación del arresto domiciliario y su reemplazo por la prisión preventiva por el término de cinco meses. “Estaba planificado, por eso, hablamos de coautoría funcional. Y también señalar el peligro de fuga por falta de arraigo. En la audiencia de formulación de cargos dijo que se desempeñaba como vendedora de ropa en su domicilio, lo cual no fue constatado. La pena en expectativa es de 5 a 10 años y no resulta un delito excarcelable”, añadió Picón.

Luego de escuchar a las partes, entre ellas el denunciante en representación del Gobierno de la provincia, el juez interviniente hizo lugar al requerimiento de la Fiscalía pero reduciendo el plazo para ambos por el término de tres meses. En tanto, el defensor técnico de la acusada hizo reserva de impugnar lo resuelto.