Los tenedores de bonos que quedaron en default hace 23 años tuvieron una nueva victoria, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos habilitara a que se embarguen activos que tiene el Estado argentino depositados en una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal (Fed) de ese país. Según estimaciones privadas, son alrededor de US$310 millones.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación que hizo la Argentina, que en dos instancias previas había sido obligada a entregar títulos que se usaron como garantía de pago de los bonos Brady, emitidos a principios de 1990. Como en 2023 el país terminó de pagar sus obligaciones, los títulos entregados como garantía quedaron liberados.

“Los acreedores pronto tomarán posesión de US$310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York en los EE.UU., Alemania y Suiza. Esta es la segunda derrota de la República Argentina ante una Corte Suprema en los últimos tres meses. En octubre, la Corte Suprema del Reino Unido falló en contra del país en el caso Cupón PBI”, recordó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.

Los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los tres canjes que emitió el país, en 2005 (bajo la gestión de Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri).

Se cree que son menos del 3% del total de los tenedores originales que mantuvieron la deuda en default e iniciaron juicio al Estado argentino, llamados coloquialmente holdouts o fondos buitre.

Los títulos que los fondos podrán embargar están en manos del Tesoro de Estados Unidos. Los había entregado la Argentina como garantía de pago de los bonos Brady que el país emitió a principio de los 90, cuando refinanció la deuda acumulada de la década anterior, gracias a una política de beneficios que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady. Si la Argentina no pagaba los intereses de los bonos Brady, los acreedores podían cobrar los bonos del Tesoro estadounidense que estaban en una cuenta especial en la Reserva Federal de Nueva York.

Durante 2005, esos bonos ya fueron parte de un embargo cuando la Argentina lanzó el canje por la deuda en default de 2001. Cuando se reabrió el canje en 2010 y luego en 2016, los tenedores de los bonos Brady cambiaron su deuda en default y liberaron la prenda.

Sin embargo, los holdouts que nunca entraron a ninguno de los canjes volvieron a la carga por los activos que la Argentina tenía en garantía en junio de 2021.

La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, concedió el embargo en agosto de 2022, pero la Argentina apeló. La jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, confirmó el dictamen en primera instancia y lo mismo hizo la Corte Suprema, la semana pasada.

La defensa dijo que el excedente de títulos que había quedado remanente luego de terminar de pagar los bonos Brady, en marzo de 2023, eran del Banco Central y no del Estado. Por lo tanto, no estaban disponibles para pagar una deuda del país. También dijo que es una garantía que no debería ser considerada como actividad comercial y que por esa razón era inmune a embargos (ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras).

Sin embargo, en el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, se argumentó: “En primer lugar, la Argentina sostiene que no es propietaria de los derechos de reversión porque pertenecen al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si bien hemos concluido dos veces que estos derechos de reversión pertenecen a la Argentina, el país pretende volver a litigar la cuestión casi 20 años después de que se resolviera por primera vez. En cualquier caso, su argumento sigue siendo infundado”.

Y luego: “La Argentina utilizó los derechos de reversión en actividades comerciales al menos dos veces antes de su embargo actual. Argumenta que nunca ‘utilizó’ los derechos y que ningún uso se produjo en actividades comerciales, pero ninguna de estas afirmaciones tiene fundamento”.