Schiaretti, egresado del liceo militar, luego de militar en el peronismo, y recibirse de contador en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se exilió a San Pablo, Brasil, donde al poco tiempo se convirtió en vicepresidente de Fiat. Allí fue cobijado por Franco Macri, padre del actual presidente, entablando con ambos una estrecha relación.
El vínculo se estrechó en los 90, cuando Mauricio Macri, como presidente de -Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica- SEVEL, se dedicaba al rubro automotriz, como representante de Fiat y Peugeot. Estando al frente de esta compañía, el presidente Macri, su padre Franco y su cuñado Jorge Blanco Villegas, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), fueron procesados por evasión fiscal y contrabando de unos 13 mil vehículos con perjuicios para el Estado por 450 millones de pesos dólares.
Y esto sucedió cuando Schiaretti era Secretario era Secretario de Industria y Comercio del presidente riojano, y era quien, por ley, debía controlar a la empresa de los Macri. Las pérdidas para el Estado se estimaron en 450 millones de pesos-dólares. Un escándalo con características similares a la deuda del Correo Argentino.
De esta causa, escandalosa como la autocondonación de deuda del Correo Argentino, el actual presidente y sus familiares zafaron gracias a un polémico fallo de Suprema Corte de Justicia de Menem, conocida como “mayoría automática”, donde a los jueces que lo avalaron luego se les abrió juicio político y debieron abandonar sus cargos.
De Patricia Bullrich, aparte de haber sido del Núcleo duro e Macri y por ello Ministra de Seguridad de la Nación, ha cometido el error capital de anunciar a Melconian como su “futuro” Ministro de Economía si gana.
Ahora bien, Melconian tuvo un Papel MUY IMPORTANTE en la “desaparición” de la Deuda Externa de los empresarios en los fines del Proceso Militar
En 1986, el hoy asesor económico de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, ocupaba el cargo de Jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central. Allí, firmó y envió al directorio de la entidad el informe 480/161, donde se pedía anular la investigación de la deuda privada contraída en el exterior a principios de los ochenta.
Sin embargo, esa deuda contaba con observaciones por “créditos fraudulentos y de dudosa legalidad”, realizadas por un equipo de 20 auditores creado en 1984 con el fin de “investigar maniobras dolosas al Estado por parte de privados, valuadas en, por lo menos, más de 6000 millones de dólares”.
Casi 20 años después, en 2009, los auditores Miguel Ángel Espeche Gil, Julio Carlos González, Graciela González y Néstor Forero, a cargo de la causa Olmos II -que investigaba la deuda externa originada entre 1981 y 1987- presentaron un documento en donde se detallaban las maniobras fraudulentas que realizaron entre 1981 y 1983 más de quinientas empresas, con deudas de entre 4 y 1000 millones de dólares que “se beneficiaron del erario público, afectando la vida y dignidad del pueblo argentino y produciendo un estrago social”, según se detalló en el mismo.
