La Justicia de Tucumán imputó y dictó prisión preventiva contra una mujer de 32 años acusada de falsificar certificados médicos para ingreso escolar y otras documentaciones sanitarias, los cuales eran ofrecidos a través de redes sociales.

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de María del Carmen Reuter, logró identificar a la acusada luego de un análisis digital realizado por personal especializado.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal María Paula Bellomio detalló el modus operandi de la imputada, quien operaba bajo el seudónimo de More Nicol en Facebook y ofrecía certificados médicos apócrifos con sellos y firmas falsificadas de profesionales de la salud.

Según la investigación, estos documentos eran utilizados para el ingreso escolar, permisos de salida, certificados de aptitud física y libretas sanitarias.

Además, presentaban sellos de distintas instituciones del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Centros de Atención Primaria (CAPs) y hospitales, lo que comprometía la administración pública y la seguridad sanitaria.

Las pericias determinaron que las matrículas profesionales utilizadas en los certificados no coincidían con las de los especialistas reales, y en algunos casos se otorgaban especialidades médicas inexistentes.

“Estos certificados falsos omiten la oportunidad de detectar problemas de salud en menores de edad, lo que representa un riesgo para la seguridad y salud pública”, advirtió Bellomio.

En la audiencia, la fiscalía solicitó una prisión preventiva de dos meses para la acusada, argumentando el riesgo de fuga y la posibilidad de que existan más involucrados en la red delictiva.

Sin embargo, el juez resolvió dictar la prisión preventiva por un período de 20 días, con vencimiento el 28 de marzo, y rechazó el pedido de la defensa para que la acusada cumpla arresto domiciliario.

El Ministerio Público Fiscal también señaló que la imputada cuenta con antecedentes en otra causa por estafa, en la que prometía gestionar planes sociales a cambio de transferencias bancarias. Una vez recibido el dinero, citaba a las víctimas en un lugar y luego las bloqueaba.

La investigación continúa para determinar si hay más implicados en la falsificación de estos documentos y evaluar el impacto que pudieron haber tenido en la administración de salud pública de Tucumán.