Los niveles de violencia ejercidos por un verdadero ejército privado en un territorio que es un espacio público, más allá de las pretensiones del multimillonario José Lewis pone en jaque nuestra soberanía y nos provoca un interrogante ¿ SOMOS VERDADERAMENTE SOBERANOS?
Cómo llegaron las tierras a manos de un extranjero si la Ley lo prohibía
La ley le impedía a Joseph Lewis, multimillonario británico, comprar esas tierras debido a su condición de extranjero. Por eso, la compra a la familia Montero, fiscaleros con décadas en esa zona que poco tiempo antes habían logrado la regularización de dominio, fue mediante una empresa argentina.
Los acusados en la causa fueron Susana Beatriz Sarto (que era subdirectora de la Unidad de Proyectos de Radicación), la escribana María Luisa Cristina Szama, Lisandro Alfredo Allende (como presidente de HR Properties Buenos Aires SA), Ricardo José Juan Mayer (que era titular del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro) y Charles Barrington Lewis, hijo de Joe.
En 2012 la entonces Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció en los juzgados de Comodoro Py que los terrenos que se habían vendido en aquella operación están dentro de la “zona de seguridad de fronteras” y “sometidos, por ello, a un régimen jurídico especial que impedía ser adquiridos por personas extranjeras”.
El testaferro o prestanombre es justamente, Allende quien se presentó a declarar esa compra como presidente de HR Properties Buenos Aires SA. Se trataba de 7.789 hectáreas. Sarto, como responsable de la Unidad de Proyectos de Radicación, le dio el visto bueno y el 2 de julio de 1996 la operación había sido allanada.
Luego esa sociedad traspasó sus acciones hasta convertir a Lewis en el único dueño.
La Procuradoría de la Nación intentó durante estos años anular una venta que está viciada de nulidad (por la cláusula de la territorialidad) pero los Tribunales de Comodoro Py nunca le hicieron caso hasta que finalmente toda acción judicial quedó prescrita al quedar firme la propiedad en manos inglesas
Si hubo un fallo que establecía que el lago y sus riberas eran de acceso público, lo que está impedido por José Lewis quien cercó y mantiene un ejército privado para impedir cumplir con la Orden Judicial.
Lo que hacen las marchas, o por lo menos esa es su intención, es tomar posesión de uso del predio con fines recreativos lo que está habilitado por ley pero en la práctico está impedido.