El veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario apuró a la oposición a pedir sesiones especiales para el próximo miércoles 9 de octubre a las 11 de la mañana.

Por mesa de entradas de Diputados ingresó primero la solicitud del bloque de la UCR con las firmas de su presidente Rodrigo de Loredo, y de Danya Tavela, Mario Barletta, Carla Carrizo, Melina Giorgi y 13 más.

Luego, se presentó el pedido encabezado por Miguel Pichetto, líder de Encuentro Federal, acompañado por Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, Osvaldo Llancanfilo del Movimiento Popular Neuquino y del diputado Sergio Acevedo de Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal.

Más tarde, sumó su solicitud el bloque de Unión por la Patria (UxP), firmada por German Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Carlos Heller y otros diputados. “Vamos a trabajar junto a otros bloques políticos para rechazar el veto del presidente”, señaló el kirchnerismo en las redes sociales.

Mientras que, desde la UCR, el diputado Pablo Juliano, expresó que, “los que votan en contra de la ley de Financiamiento universitario dejan de ser radicales. La identidad del radicalismo está asociada a la universidad. Lo que pasa con esta ley es que (Javier) Milei desprecia a la universidad, como desprecia al radicalismo”.

El bloque de la UCR presiona a los cinco diputados de su bloque que en la ley de movilidad jubilatoria cambiaron su voto y acompañaron al Gobierno, tras reunirse con Milei en la Casa Rosada.

Desde la bancada opositora señalan que los diputados Mariano Campero y Luis Picat, tendrían decidido acompañar el veto del presidente Milei. Martín Arjol de Misiones y Pablo Cervi de Neuquén, se sumarían al resto del bloque de la UCR que insistirán con la ley sancionada, o directamente se ausentarían de la sesión. Mientras que el quinto diputado, Federico Tournier -que es del partido Encuentro Liberal de Corrientes- aún está en duda.

Los diputados radicales mendocinos, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, habrían despejado cualquier tipo de dudas y “defenderán a la educación pública”, expresaron fuentes cercanas a ellos.

Mientras que la diputada Marcela Antola le señaló a TN que “es muy inoportuno el veto presidencial, las universidades no están pasando por un buen momento. Represento a la Universidad de Entre Ríos y como soy muy federal, represento a todas las universidades del país, se de las necesidades que tienen y por eso veo muy mal el veto”.

A partir de ahora y hasta la próxima semana los referentes de cada sector buscarán conseguir mayorías. Necesitan los dos tercios de los presentes en la sesión, es decir que, si asistieran los 257 diputados, esos dos tercios serían 171 legisladores.

Por ahora, con los pedidos a sesión especial, está garantizado el quorum para iniciar la sesión con 129 diputados sentados en sus bancas, pero luego necesitan los dos tercios para introducir el tema en el recinto, ya que el tratamiento del rechazo al veto no cuenta con los dictámenes de las comisiones correspondientes y los legisladores intentarán llevar la discusión directamente al recinto.

Es por eso que mientras la oposición busca sumar diputados para llegar a esos dos tercios, el oficialismo encabezado por Martín Menem, presidente de la Cámara, y Gabriel Bornoroni, titular de La Libertad Avanza, buscarán bloquear ese objetivo y juntar 87 diputados nacionales para garantizar el veto.

Ese número fue el alcanzado por Martín Menem el pasado 11 de septiembre cuando quedó firme el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. En esa jornada, 153 votos fueron a favor de insistir con la ley, mientras que 87 fueron en contra, y ocho abstenciones. Los calificados “héroes” por parte del presidente Milei fueron premiados con una cena en la Quinta de Olivos, cobrándoles previamente 20 mil pesos a cada comensal.

El bloque Pro de Cristian Ritondo, podría inclinar la balanza. En esta línea, Silvia Lospennato confirmó que “habrá reunión el próximo martes por la tarde”. Previamente el lunes, el Pro, el MID de Oscar Zago y el oficialismo libertario, tendrán la reunión semanal de estrategia parlamentaria en Casa Rosada y este será el tema destacado. Podría participar de ese encuentro el diputado y exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.

El diputado Fernando Iglesias adelantó que, “estamos en una discusión salarial, si el 90% del presupuesto universitario se destina a salarios, no estamos discutiendo si habrá educación pública, o si habrá universidad pública, estamos en una discusión muy legítima que es el sueldo de los profesores y empleados universitarios. Esa discusión debe estar en el contexto de la situación en la que estamos. El Gobierno tiene una discusión en curso, es una paritaria que está en curso. Le ofreció a los profesores universitarios el mayor aumento que se le ha dado a todo el sector estatal y sobre eso habrá que expresarse, pero es injustificado pensar que atrás de esto hay un plan de desmantelamiento de la universidad pública”.

A partir de la definición que adopte el principal socio político de La Libertad Avanza, será la postura que seguirán otros sectores, como Innovación Federal, ocho diputados que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro.

El Frente de Izquierda adelantó su rechazo al veto por medio de la diputada Vanina Biasi, “con la lucha universitaria vamos a conquistar el rechazo al veto de (Javier) Milei”, señaló.

La sanción de la ley

La norma que alcanzó la sanción del Congreso estableció: garantizar la recomposición de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario a partir del 1 de diciembre de 2023, hasta la sanción de la ley, por la variación de inflación del INDEC. Desde la sanción de la ley hasta el 31 de diciembre de este año, la actualización será mensual por inflación. El artículo seis de la norma establece que no se aplicará la actualización salarial cuando las paritarias a nivel general de los sectores docentes y no docentes sean acordadas y refrendadas por el Poder Ejecutivo.

Se estableció que las asignaciones deberán estar acordadas con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), y la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará auditorías de manera inmediata y las remitirá al Congreso para su conocimiento. Y quedó, como solicitó UxP, la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.