La Unidad Fiscal de Homicidios II, bajo la dirección del Carlos Sale, realizó el pasado sábado una audiencia con el propósito de legalizar la aprehensión, formular cargos y solicitar medidas de coerción contra una mujer de 28 años.

Este caso se origina tras un violento altercado que tuvo lugar en el barrio San Francisco I de San Miguel de Tucumán, donde la imputada, tras una discusión, disparó en múltiples ocasiones con un arma de fuego, resultando en la muerte de Miguel Antonio Pache.

De acuerdo con la información proporcionada por la fiscal auxiliar Luz Becerra, el incidente se produjo el jueves 7 a las 14 horas. En ese momento, una mujer llegó en moto, acompañada por su hija de nueve años, al domicilio donde reside la imputada y su pareja.

El motivo de la visita era un reclamo relacionado con insultos que la hija de la visitante, de 15 años, había recibido a través de Facebook por parte de la encartada.

Tras una discusión acalorada, la imputada, conocida como “Ely”, atacó a la mujer con un tenedor, causándole lesiones en el rostro. Posteriormente, la mujer agredida regresó a su hogar y comunicó a sus familiares lo sucedido.

En respuesta a esta situación, la pareja de la mujer agredida, junto a ella, se dirigió al domicilio de “Ely” a caballo.

Durante la conversación con la pareja de la imputada, “Ely” extrajo un arma calibre .380, la cargó e intentó disparar contra el hombre, pero el arma no funcionó. En ese instante, se produjo un intercambio de disparos entre “Ely”, desde su hogar, y el hombre, que contaba con un arma calibre 9 mm.

En medio de este conflicto, familiares de la mujer agredida llegaron al lugar, lo que llevó a “Ely” a realizar múltiples disparos en dirección a este grupo. Uno de estos disparos impactó en el tórax de Pache, quien falleció a causa de la herida.

La fiscal Becerra indicó que, de manera provisional, se le imputa a la acusada la conducta penal relacionada con el delito de lesiones leves, en concurso real con homicidio por el uso de arma de fuego, cometido con dolo eventual en calidad de autora.

Al concluir la presentación de las evidencias recolectadas hasta el momento, la fiscal solicitó 90 días de prisión preventiva, fijando como fecha límite el 7 de febrero de 2025, con el fin de garantizar el proceso y continuar con la investigación.

Tras evaluar los argumentos presentados, la jueza a cargo accedió a la solicitud de la Fiscalía y ordenó el traslado de la joven a la penitenciaria.