El proyecto de ley de Ficha Limpia que será remitido en las próximas horas para su tratamiento en sesiones extraordinarias, propone modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos, estableciendo la inelegibilidad de aquellas personas condenadas en primera y segunda instancia por delitos relacionados con la corrupción en el ejercicio de la función pública y en perjuicio de la Administración Pública. Además, incluye disposiciones para limitar el acceso a ciertos cargos en la Administración Pública Nacional, con la intención de garantizar la idoneidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Milei estuvo trabajando en la letra chica de la iniciativa durante este viernes, tiene previsto firmarla antes de volar hacia Estados Unidos a la asunción de Donald Trump, para luego enviarla al Congreso de la Nación.
El proyecto dejaría afuera a Cristina Kirchner, ya que tiene efectivamente una condena en doble instancia. Se trata de una definición clave porque un sector del PRO había planteado la sospecha de un acuerdo político con el kirchnerismo para que se mantenga habilitada para ser candidata este año.
Según pudo saber este medio, el eje central del proyecto consiste en que quienes hayan recibido condenas firmes por corrupción no podrán presentarse como candidatos a cargos públicos electivos ni tampoco para ocupar puestos como Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, entre otros cargos equivalentes. Esto aplica para toda la esfera de la Administración Pública Nacional, fortaleciendo el criterio de idoneidad previsto en la normativa constitucional como condición para los nombramientos y la participación en el sistema electoral.
En cuanto al momento de la aplicación de la “inelegibilidad”, el proyecto establece que esta tendrá efecto desde el dictado de la sentencia condenatoria siempre que esta se dé antes del inicio de un año electoral. En caso contrario, la persona en cuestión podrá participar en la misma elección del año en curso, pero quedará excluida de las elecciones que se celebren con posterioridad. Para ejemplificar, si una condena en los términos de Ficha Limpia se dicta en el presente año, el condenado podrá presentarse en esta instancia electoral, pero no en las próximas, de acuerdo a lo que trascendió.
El proyecto también contempla la figura del “doble conforme”, garantizando una segunda instancia en todas las condenas que impliquen la aplicación de esta normativa. Este requisito busca reducir los riesgos de favorecer decisiones arbitrarias y asegurar la seguridad jurídica en el proceso electoral. Según el texto presentado, esto contribuirá a la eliminación de posibles incertidumbres respecto a las candidaturas, protegiendo la división de poderes y evitando injerencias entre los distintos órganos del Estado, especialmente en periodos de elecciones.
Otra de las propuestas clave de este proyecto es la creación de un Registro Público para Ficha Limpia, cuyo objetivo es asegurar la transparencia en el sistema electoral. Dicho registro permitirá que las autoridades electorales puedan verificar de manera sencilla y accesible si un candidato tiene sentencias condenatorias en su contra, estableciendo una herramienta pública que no generará costos ni burocracia adicional. Al respecto, este registro asegurará la implementación de Ficha Limpia en la práctica atento a que permitirá que las autoridades electorales puedan conocer si un candidato determinado cuenta con sentencias condenatorias en su contra con facilidad, y no autorizarlo a ser candidato.
El proyecto responde a una preocupación creciente por fortalecer el sistema democrático y evitar que personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública puedan utilizar sus posiciones de poder como mecanismo para escapar de la justicia o para influir electoralmente. Afirman que es “un paso adelante en la lucha contra la corrupción” y en el objetivo de preservar las instituciones republicanas.
Con este articulado detallado, el proyecto Ficha Limpia busca consolidar un marco normativo que refuerce la transparencia electoral, evite potenciales abusos en los poderes del Estado, y promueva la idoneidad exigida por la Constitución Nacional como requisito de base en la administración pública y las instituciones democráticas. La expectativa reside en su capacidad para generar consenso en las cámaras legislativas y convertirse en ley aplicable en futuras instancias electorales.
