Pero podría, bajo el liderazgo del gobierno de Joe Biden, cambiar la situación en términos de legislación laboral.

El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) celebrará el jueves su primer año de existencia. El 1 de julio de 2020 reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) que estaba en vigor desde 1994, a instancias de la administración de Donald Trump.

Los tres socios siempre dijeron que este nuevo tratado sería beneficioso para sus economías y sus trabajadores. Pero durante el último año se ha ampliado la gama de litigios entre Estados Unidos y Canadá por un lado, y Estados Unidos y México por el otro.

Ciertamente, el TMEC eliminó una “nube de incertidumbres” y por lo tanto mejoró el clima empresarial, una condición sine qua non para promover el comercio y la inversión, subraya Jeffrey Schott, experto del centro de análisis Peterson Institute for International Economics.

Pero, paradójicamente, favoreció el surgimiento de numerosos conflictos.

“El NAFTA era la visión de un mercado único norteamericano que poco a poco se iría integrando cada vez más, un poco a imagen de la Unión Europea, aunque sin llegar tan lejos como la UE”, recuerda Edward Alden, experto del Consejo de Relaciones Exteriores.

“El TMEC fijó las normas para que las tres economías distintas de América del Norte cooperen allí donde puedan, en tanto fijó reglas para combatir donde no puedan”, agregó.

Por lo tanto, se verá un aumento del número de litigios en los próximos años, pues con “el marco de estas reglas, (los países) actuarán según sus propios intereses, de forma bastante agresiva”, estimó.

Desde la histórica disputa sobre los productos lácteos y la madera para la construcción hasta los paneles solares de Canadá y los impuestos a las empresas digitales de Estados Unidos, la lista de áreas de desacuerdo entre Washington y Ottawa crece.