La Justicia confirmó el procesamiento de uno de los jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT), Carlos Acuña, por el bloqueo de una estación de servicios en 2021.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el sobreseimiento que había beneficiado al secretario general del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (SOESGyPE), lo encontró responsable del delito de coacción en calidad de autor y dispuso un embargo sobre sus bienes o dinero hasta cubrir $8 millones.

La decisión fue de la Sala IV de la Cámara, en una resolución firmada por los jueces Julio Lucini, Pablo Lucero e Ignacio Rodríguez Varela, en disidencia parcial.

El fallo mencionó la denuncia de la propietaria de la estación de servicio Shell ubicada en avenida Jujuy y México, en la Ciudad de Buenos Aires, que acusó al sindicalista de haberse presentado el 21 de diciembre de 2021 “a las 9:30″ junto a “un grupo con bombos y pancartas con la sigla del sindicato Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (S.O.E.S.G.yP.E.)”.

Desde la empresa denunciaron en ese momento que les bloquearon los accesos a la playa e impidieron trabajar a los empleados, “retirándose recién a las 16:30″ de ese día.

La maniobra sindical fue parte de una serie de bloqueos dispuestos por unos 100 miembros del sindicato durante dos días, en forma simultánea, en la mencionada estación de servicio y otras tres en Vicente López, Lomas de Zamora y San Pedro.

Según denunció la empresa, los reclamos estaban fuera de lo estipulado en el convenio y se centraron en estaciones de servicio agrupadas en la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) mientras se discutían las paritarias de ese año, con lo cual “el accionar delictual estaba perfectamente planificado al solo efecto de generar daño y condicionar la discusión salarial”.

En los fundamentos del fallo, la Cámara planteó que “la acción desplegada no se habría tratado de una mera abstención laboral, sino del bloqueo de las instalaciones, modalidad que en principio no contaría con amparo en el legítimo ejercicio del derecho de huelga”.