El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial decidió imputar hoy al ex presidente Mauricio Macri y a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich por el envío de armas a ese país en noviembre de 2019, mientras allí se desataba una crisis política por la salida de Evo Morales del poder y la asunción de Jeanine Áñez. En su requerimiento, según publicó el sitio Fiscales, el fiscal también imputó al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, al entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García, y a tres gendarmes.
El fiscal impulsó formalmente la denuncia que esta semana presentó el gobierno de Alberto Fernández. Así se abrió una causa judicial. En su dictamen, Navas Rial le pidió al juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart las primeras medidas de prueba para comenzar a tramitar el expediente que son informes a distintos organismos de gobierno.
“La persona que habría autorizado el traslado de un grupo de Gendarmes con quienes, supuestamente, se transportaron los pertrechos en cuestión, fue la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y la provisión del avión que transportó el equipo humano y material habría sido provisto por el Ministerio de Defensa de la Nación, entonces a cargo de Oscar Aguad. El ex embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, habría recibido una misiva en la que se agradece la dotación del material cuestionado, con lo que cabe esperar la aclaración pertinente sobre el derrotero que pudo haber llevado, con su aparente intervención, a ese corolario. Por último, entiendo que, dentro del esquema esgrimido por los denunciantes, una maniobra hipotética como la que cabe investigar debería haber contado con algún nivel de concierto de quien ejercía entonces el cargo de Presidente de la Nación y, de suyo, el de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri”, dice el dictamen de trece carillas.
Y agrega que el impulso de la investigación tiene “la finalidad de aclarar las incógnitas que plantea el caso en relación a las aparentes discrepancias en la registración documental del material exportado, así como también con relación al destino declarado y al material otorgado a tales elementos”.
Los tres gendarmes imputados son Gerardo José Otero, (ex director nacional de la Gendarmería Nacional), Rubén Carlos Yavorski (ex comandante mayor director de Logística de la Gendarmería) y Carlos Miguel Recalde (ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería). Gendarmería fue la fuerza que llevó las armas a Bolivia que, según la denuncia, habrían sido usadas para la represión ese país.
El gobierno de Bolivia denunció públicamente la semana pasada que el 13 de noviembre de 2019 un militar del gobierno de Áñez le envío al embajador argentino en Bolivia una nota de agradecimiento por el material bélico recibido en el contexto de crisis social que vivía el país. El embajador Normando Álvarez García desmintió esa información. Lo mismo hicieron Macri y Bullrich, quienes aseguraron que todo forma parte de una operación política.
El gobierno nacional, a través de la la ministra de Seguridad Sabina Frederic, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó una denuncia en el fuero Penal Económico para que se investigue el hecho a partir de documentación que reunió en sus dependencias.
Fueron denunciados Macri, Bullrich, Oscar Aguad (ex ministro de Defensa), Jorge Faurie (ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex embajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (ex director general de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex director ejecutivo de la ANMaC). Todos se encuentran nombrados en las circunstancias del hecho que describió la Fiscalía en su dictamen.
El Gobierno hizo una investigación administrativa en la que confirmó el envío del material “y su posterior desvío hacia las fuerzas armadas bolivianas”. “Escapa a cualquier lógica creer que un grupo de 10 agentes del Grupo Especial ‘Alacrán’ de la Gendarmería Nacional, podría utilizar 70.000 cartuchos Anti tumultos y la cantidad de granadas que fueron trasladas a Bolivia”, dice la denuncia penal entre sus conclusiones.
Entre la documentación aportada, se destaca que el 11 de noviembre de 2019 hubo un primer pedido de autorización de salida del país de armamento para la protección de la Embajada presentado por la Gendarmería Nacional, y al día siguiente una ampliación, en donde se añadían 70.000 municiones antitumulto a las 3.600 informadas en un primer momento, gases lacrimógenos y granadas.
Según la denuncia, el envío del Grupo Alacrán de la Gendarmería a Bolivia fue una excusa para llevar adelante la maniobra. “Entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019, Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno de todos los niveles, tomaron la decisión de utilizar el traslado de personal de custodia para ni más ni menos, contrabandear material represivo para nutrir y mejorar las capacidades del gobierno de facto que ese día asumía el poder ilegítimamente en Bolivia”, asegura la presentación que aún no tiene juez.
“La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas “masacres” (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata”, dice la denuncia que presentó el gobierno de Alberto Fernández.
El jefe de Estado le envió una carta a su par boliviano, Luis Arce, a través de la cual le pidió disculpas “en nombre del pueblo argentino” por la “colaboración del gobierno de Mauricio Macri con las fuerzas que perpetraron el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Evo Morales”. “Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días”, señalaba la carta.
Por su parte, Macri rechazó la acusación: “Hubo un estallido social en Bolivia después de elecciones en donde había fuertes cuestionamientos a Evo Morales por presunto fraude. Un grupo de la Gendarmería fue a proteger la embajada, a los argentinos que estaban ahí, periodistas, funcionarios de Evo que habían pedido asilo. Con nosotros se quedaron un mes, pero después los Alacranes estuvieron 7 u 8 meses más ahí”, se defendió.
