El juez José Manuel Díaz Vélez dispuso la acusación y prisión preventiva para 12 uniformados de la Gendarmería Nacional por haber conformado una asociación ilícita que embolsó millones cobrando sobornos a los tours de contrabando que ingresabanilegalmente mercadería y drogas al país.

En paralelo imputó por el delito de cohecho a nueve civiles que, a diferencia de los miembros de la fuerza federal, quedaron en libertad.

Pero el avance de la investigación derivó en que policías provinciales que formaban parte del Operativo Lapacho también quedaran en la mira de la justicia sospechados de haber cobrado coimas, en el marco de una pesquisa en la que la única certeza por ahora es que quedan muchos puntos oscuros por develar.

La decisión del magistrado se conoció luego de que se reportara que el secuestro de estupefacientes en este tipo de viajes se multiplicó por ciuatro en comparación con los guarismos del año pasado.

Algunos detalles de la investigación son sorprendentes. Por ejemplo, La envergadura del entramado de complicidades que permite el paso de cocaína y marihuana por las rutas de la región hacia distintos puntos del país.

El sábado, la Policía detuvo a dos tucumanos que transportaban 7 kilos y medio de cocaína que habían traído desde Orán otra vez en un tour de contrabando, que llegó sin mayores problemas desde Bolivia hasta nuestra provincia.

La investigación prueba que en Tucumán las excursiones se acuerdan pagando entre $ 40.000 y $ 55.000, precio que incluye viaje de ida y vuelta y el derecho a poner en la bodega dos bultos de ropa, o cajas con artículos de bazar, cuando no cubiertas, todos productos que ingresan ilegalmente al país.

En caso de que el pasajero precise traer más elementos, deberán abonar más tickets, de manera tal que si la idea es regresar con seis bultos de prendas y 36 cajas de bazar, tendrá que desembolsar el equivalente a tres pasajes.

Antes de partir, los coordinadores, personas que organizan el tour, recolectan el dinero que se destinará a cumplir con el soborno que exigen los gendarmes para hacer la vista gorda en los controles, suma que oscilaría entre $ 20.000 y $ 50.000, según la cantidad de contrabandistas que integren la asociación ilícita.

El número final dependerá la cantidad de comerciantes ilegales abordo del ómnibus, cifra que suele ser menor a la capacidad del habitáculo, que es utilizado como una prolongación del espacio de carga, atiborrándolo con los productos de contrabando que luego comercializarán en negro.

Escudado en la figura de testigo de identidad reservada, un hombre dio más detalles sobre cómo estas operaciones de contrabando, revelando que los micros tradsladan a los contrabandistas hasta Aguas Blancas, en la rivera boliviana del río Bermejo, donde seleccionarán los productos que serán ingresados de manera ilegal al país, tras lo cual el coche retorna hasta Orán, donde los aguardarán.

Estacionado en la Central de Transferencias Orán, acompañado de banderas de Argentina, Brasil, Colombia y otros países, oculto tras un portón de grandes dimensiones, y rodeado por paredones de material, el vehículo espera para cargar la mercadería ilegal en un predio en el que los contrabandistas coimeros cuentan con todas las comodidades para amenizar su actividad al margen de la ley.

Los compradores retornan y esperan que los pasadores les entreguen el contrabando que adquirieron en tierra boliviana. “Viene de todo, uno no sabe. Mercadería, ropa, cubiertas y adentro vaya a saber uno qué traen”, explocó el testigo.

Ese lugar es controlado por personal de Gendarmería Nacional mientras los bagayeros acomodan los bultos, los identifican con algun nomenclador y los suben el micro, tarea que insume entre tres y cuatro horas.

Porsupuesto que durante todo este laborioso proceso, no hay requisas de ninguna clase, las fuerzas de seguridad y los organismos que deberían luchar contra el contrabando están ausentes. Ni la Dirección General de Aduanas ni la AFIP parecen estar enteradas de la existencia de este lugar donde comienzan su recorrido grandes rodados cargados con mercadería de contrabando y drogas ilegales.

El regreso a Tucumán es descripto por los testigos como una odisea, que la mayoría de las veces sortean acompañados por uno o dos autos que ofician de punteros, con la misión de advertir sobre la existencia de controles en la ruta, mecanismo que los mimetiza con los narcos, que lo usan cuando transportan droga.

Normalmente se detienen en una estación de servicio en Metán. “Los coordinadores del tour hablan no sé con quién, que da la orden y ahí pasamos. Ellos se comunican con mensajes para avisar que pasemos porque levantaron el control. Otras veces, cuando no hay arreglo, al micro lo meten en el playón y ahí los coordinadores hablan con los gendarmes y arreglan con plata”, confesó el contrabandista.

Según detalló, las coimas tienen precios fijos. A veces llegan a sumer $ 1 millón, otras se negocia desde $ 500.000 ó $ 600.000, hasta $700.000 y más adelante, ya en el puesto de Molle Yaco, los policías de la provincia nos piden $ 100.000 para pasar, reveló apuntando a los efectivos del Operativo Lapacho.

La persona que aportó estos datos agregó que también son detenidos en los controles de la Policía Vial o la de Delitos Rurales en Tapia, donde “nos dejan pasar por $ 3.000 por micro”. Además aseguró que los únicos que no se prendieron en los sobormnos son los de la Policía Federal, dejando en claro que más de una vez intentaron hacerlo.

El Operativo Dignidad, que derivó en las detenciones de los acusados, también secuestraron documentación clave para probar la coima, como las anotaciones efectuadas por un coordinador en las que detalla el valor y el lugar donde se hizo efectivo el pago a los corruptos miembros de las fuerzas de seguridad.

Todo esto quedó al descubierto en el expediente, donde se detalla que los gendarmes Juan José López y Joel Juan Tosoroni eran los líderes de la organización que se encargaba de realizar los acuerdos con los organizadores de los tours de compras.

En tanto que Ángel Mendoza, Cristian Amarilla, Arnaldo Viravica, José Ortiz, Darío Ávalos, Rodrigo Agüero, Enrique Luque, Sergio Vilte, Maira Mamaní, Jorge Espínola y Lucas Mariano Córdoba también formaban parte de la organización, cuidando que los micros que pasaban por los puestos de control que la fuerza tiene en Trancas (fijo) y 7 de Abril (eventuales) no sean molestados.

En el escrito surge un dato clave para probar la teoría del fiscal Agustín Chit y es que López, entre agosto de 2023 y junio de 2024, hizo 25 transferencias a una cuenta de su compañera Mamaní, de entre $ 15.000 y $ 400.000, sumando un total que supera $ 1,3 millones.

Para el fiscal Chit los civiles detenidos también son parte de esta estructura de corrupción, pero el juez decidió acusarlos sólo de cohecho, alcanzando con esa imputación a Emma del Valle Olivera (suegra del gendarme López) y Diego Stick, que residía con Tosoroni (aclaró que sólo son amigos) en un departamento de Salta al 600.

Ambos fueron acusados de recibir el dinero de las coimas a través de transferencias bancarias. El joven también habría realizado operaciones de compra y venta de dólares con el dinero espurio.

En un tercer grupo aparecen los organizadores y coordinadores de los viajes. Ellos son Neri Cristian Calle, Elizabeth Tolaba Melgarejo, Edgardo Vidaurre, Elizabeth Torrez Cuevas, Manuel Enrique Lazarte, Ramón Edgardo Suárez y María Cristina Uzieda Lozada.

A todos los gendarmes el juez Díaz Vélez les dictó la prisión preventiva y ordenó que sean trasladados al penal de Villa Urquiza. Además, les trabó embargo a todos ellos por $ 190 millones. Dispuso que todos los civiles continúen el proceso en libertad, pero fueron embargados por $ 30 millones. El fiscal Chit no confirmó si recurrirá la resolución del magistrado.

“El juez federal (José Manuel) Díaz Vélez y el fiscal (Agustín) Chit saben perfectamente que estamos a su disposición para colaborar en la identificación del personal que cometió un ilícito. Desde hace bastante tiempo que estamos separando al personal que no puede llevar puesto este uniforme”, aseguró el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa.

El funcionario admitió que más allá de las cuestiones judiciales, por decisión de la Jefatura de Policía se iniciará una investigación interna para tratar de dar con los sospechosos. “Venimos siendo inflexibles con los policías que cometen delitos. Es lo que nos pidió el gobernador (Osvaldo) Jaldo y es lo que estamos haciendo. No vamos a tolerar este tipo de conductas”, aseguró.

Agüero Gamboa también aludió a los tours de compras. “No sólo hemos decidido fortalecer los controles, sino que además ya comenzamos a trabajar con el Comando Unificado para atender estas y otras cuestiones que tienen que ver con el ingreso de mercadería de contrabando y traslado de estupefacientes”, destacó el funcionario.

“Vamos a implementar un plan para que estas personas sepan que no pueden trasladar droga a la provincia. Las primeras acciones tienen que ver con un informe de situación sobre lo que está ocurriendo en cada una de las provincias para comenzar a planificar los pasos a tomar”, finalizó.

Manuel Lazarte es uno de los organizadores de viaje que estuvo preso por haber pagado sobornos a efectivos de Gendarmería Nacional. “El juez (José Manuel) Díaz Vélez interpretó correctamente lo que pasó. Nuestro defendido dijo que él no tenía ningún arreglo con los efectivos, sino que lo obligaban a pagar las coimas bajo amenazas de secuestrarle todo lo que traslabada”, sorprendieron sus defensores Aníbal Paz y Jesús Ruiz Flores.

“Hasta que fue detenido por esta causa, Lazarte era un trabajador más, un feriante más, no podemos tapar el sol con la mano. La mayoría de los puestos de la ex Terminal de Ómnibus, como así también los que se encuentran sobre distintas arterias de la capital, es mercadería proveniente extranjera”, maquillaron los letrados a quien en realidad sabía desde siempre que realizaba una actividad ilegal, ya que de otra forma no había motivo para sobornar a los uniformados.

El nombre de Lazarte aparece mencionado en otros dos expedientes que están abiertos en la Justicia Federal y que vienen generando polémicas., ya que era el propietario del micro incendiado el 24 de Julio y el coordinador del tour de compras en el que se encontraron 61 kilos de marihuana un mes después.

“Cuando declaró por la causa de corrupción, el representante del Ministerio Público lo interrogó sobre esas cuestiones. Pese a que eran datos que nada tenían que ver, él con mucha claridad, dijo que no tenía ningún tipo de responsabilidad en esos episodios”, se ufanó Paz.